Un negocio de fierro

Se está proyectando en Uruguay un nuevo emprendimiento que involucra una inversión millonaria por parte de una empresa transnacional, minería a cielo abierto para la extracción de hierro. Teniendo en cuenta que estas empresas invierten para obtener sus ganancias, sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales del proceso, y que la minería en nuestro país es una actividad que recibe poca atención por parte de la sociedad y de quienes toman decisiones, cabe entonces preguntarnos si se trata de un negocio tan conveniente para nuestro país como lo describen los principales involucrados.


Nuevamente desembarca en nuestro país una empresa extranjera con un negocio millonario: la minería de hierro a cielo abierto. Como en otros casos, el gobierno uruguayo ha mostrado su beneplácito por este mega-emprendimiento de gran impacto sobre el PBI. No obstante, una vez más se ha mostrado omiso en plantearse los posibles efectos de este tipo de inversiones en el pasivo ambiental nacional, como resultado de las externalidades derivadas de esta actividad. Este pasivo puede ser definido como el costo ambiental causado por la manifestación simple, sinérgica y/o acumulativa de uno o varios impactos ambientales derivados de una actividad específica, la cual desencadena externalidades en terceros, diferentes a los recepcionadores del beneficio derivado de esa actividad.
La meta de promover el crecimiento económico y de atender las necesidades básicas insatisfechas de la población, a través de la urgente captación de inversión, determina que su enfoque político se fundamente en preceptos de tipo económico como estrategia para competir con el resto de la región. De esta forma, el desarrollo del país viene siendo interpretado desde esa perspectiva economicista, lo cual se contrapone con la legislación ambiental vigente, cuya óptica es bastante diferente. Hoy día, ésta incluye en sus interpretaciones del desarrollo una perspectiva social y ambiental, y no sólo económica. Es decir, establece como principio básico de toda propuesta de inversión la preservación del ambiente, tomando en cuenta los factores naturales de producción afectados, sean materias primas o no, renovables o no renovables.
El desplazamiento de esta industria extractiva y transformadora hacia nuestra región, tiene generalmente como trasfondo la creciente obligatoriedad de internalizar sus externalidades ambientales y planes de ordenamiento territorial, cada vez más exigentes, que no las admiten en áreas rurales de otros países (generalmente países desarrollados). En el caso de nuestro país, la minería ha sido considerada como una actividad marginal, y por ende, excluida mayormente del debate político y legislativo, lo cual ha traído como consecuencia que un emprendimiento minero quede, en la práctica, bajo una administración pública no siempre idónea en el tema. Este y otros factores confluyen en un marco de condiciones políticas y socioculturales particulares que tornan aún más riesgoso este tipo de emprendimientos.
Cualquiera sean los motivos, el proyecto Aratirí de la transnacional Zamin Ferrous se ha presentado ante el estado uruguayo interesado en la explotación del hierro. La zona de interés abarcaría las inmediaciones de Pueblo Valentines, Cerro Chato y Paraje Las Palmas, por lo que la extracción de hierro comprendería canteras (unas 2.000 há) en los Departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Cerro Largo. La información disponible en los distintos medios, aunque abundante, no está exenta de contradicciones. De ahí que omitiremos precisar detalles en cuanto al origen de la inversión o características de las operaciones en terreno. Sí puede decirse, a modo de ejemplo, que los requerimientos de energía serían de 250 MW (equivalentes al consumo de más de 150.000 hogares). En cuanto al uso de agua para la producción y transporte de 10 millones de toneladas anuales de roca hasta la costa oceánica, a través de un “acueducto”, requerirían el equivalente al consumo de agua de una población de 100.000 habitantes. No obstante, algunas versiones señalan que parte de la misma sería reciclada, aunque no ha sido precisado el procedimiento. Asimismo, cabe observar que estas rocas pueden contener otros recursos minerales, de ahí que la solicitud realizada ante DINAMIGE haya también incluido a metales como oro, plata, plomo, zinc, cromo, platino, níquel y paladio.
Su cara visible, el Ing. Fernando Puntigliano, ex jerarca de la Administración Nacional de Puertos, ha declarado que “Aratirí invertirá entre 750 y 1.500 millones de dólares, generando un impacto transformador en esa zona del país". Por su parte, la vocera de la Empresa, Lic. Helga Chulepín, ha manifestado el interés de los inversores de contar con una terminal portuaria de aguas profundas, ubicada en el Este. Algunas versiones indicarían que el mismo sería emplazado en un predio militar ubicado entre La Esmeralda y La Serena (Dpto. de Rocha, en las cercanías de Santa Teresa). Como generalmente sucede en otras partes del mundo, los productores agropecuarios de las localidades afectadas por el proyecto han expresado su total desacuerdo. Los trabajos iniciados por la Empresa, de prospección y exploración, para evaluar las reservas del depósito de magnetita han sido ya motivo de conflictos con los lugareños. El ruido de máquinas y el resplandor de reflectores en la noche, así como la invasión de predios para realizar esas tareas generan preocupación acerca del destino de esas tierras en las que sus antepasados también han producido y vivido. Esta realidad ha de traducirse en la emigración y abandono de la actividad rural y la fragmentación del paisaje social y cultural de estas zonas. Los vecinos agrupados en torno a este conflicto expresaron su sentir por la ausencia de las autoridades del gobierno. Como respuesta, sólo se les ha trasmitido que “el tema es muy nuevo” y que el Código de Minería no protege en absoluto al propietario de la tierra afectada.
La minería a cielo abierto es una actividad insostenible por definición, en la medida en que esta explotación del recurso supone su agotamiento. En consecuencia, constituye un uso temporal del suelo, lo que exigiría un mayor control de sus efectos ambientales negativos en relación con otros emprendimientos. Así, entre sus impactos negativos sobre el medio físico cabe destacar la transformación drástica del entorno paisajístico, la pérdida de suelos, el incremento de procesos erosivos, el cambio del escurrimiento superficial, el transporte y deposición-colmatación de sedimentos en cursos de agua, la contaminación atmosférica con polvo y gases, entre otros.
Como uruguayos preocupados en el desarrollo verdadero, la salud ambiental y humana y el derecho de la población a opinar y participar de los procesos de decisión que afectarán directamente sus vidas y medio de supervivencia, nos preguntamos: ¿cómo se conjuga el Uruguay Natural al que apuesta el gobierno con un emprendimiento minero de tal envergadura?, ¿cuán grande será el beneficio en términos económicos para nuestro país si se tienen en cuenta el daño social y ambiental irreversibles?, ¿qué pasará con esas tierras una vez que la empresa se retire?, ¿esto está incluido en los cálculos?
Sería entonces oportuno reflexionar sobre lo siguiente: dado que las externalidades son los costos de una actividad productiva que no son asumidos por la empresa inversora sino que ésta los transfiere a la sociedad (como por ejemplo las pérdidas en la productividad por deterioro de los suelos y el consecuente aumento en los costos por programas de recuperación de los mismos), lo que en ocasiones tiene como consecuencia que no sea tan buen negocio para el país, entonces ¿es realmente necesario para Uruguay aceptar este tipo de inversiones?
Quizás sea el momento de dejar de marchar al son de las empresas transnacionales y ser nosotros quienes establezcamos las pautas para la planificación y la gestión, y tomemos la decisión final. Así, podremos comenzar a transitar un camino de desarrollo a escala humana y que permita que las futuras generaciones puedan vivir en y de esta misma tierra.

Por la Comisión Multisectorial: Anahit Aharonian, Carlos Céspedes,
Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro.

AVANZA 92

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AVANZA 91

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AVANZA 90

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AVANZA 89

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Agroecología, Soberanía Alimentaria y Territorial (ll). La imperiosa necesidad de un nuevo paradigma

Fernando Queirós Armand Ugón

Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. El país se encuentra a esta altura en un proceso de extranjerización y de degradación socio-ambiental progresivo, fruto, esencialmente, de la falta de voluntad política para implementar un modelo agroecológico incluyente y participativo, con bases en una visión diferente del uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.

Entre 2000 y 2008 se vendieron 5,4 millones de hectáreas de suelo uruguayo a extranjeros, en su inmensa mayoría no residentes. Esto es el equivalente a la superficie agropecuaria de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia juntos.
Gran parte de estas transacciones se realizaron en 2007 y fueron adquisiciones realizadas por empresas extranjeras: grupos sojeros de Argentina, ganaderos de Brasil, fondos de inversión de Nueva Zelanda y Estados Unidos y compañías forestales de Europa.
A fines de 2008 se calculaba que los extranjeros detentaban la cuarta parte del suelo productivo del país.
De acuerdo con las cifras que maneja el Grupo Guayubira, al día de hoy habría al menos 680.000 hectáreas en manos de empresas forestales extranjeras.
Con respecto a la fo- restación, la concentración de tierras en pocas manos es un ejemplo: 250.000 hectáreas en manos de un solo consorcio integrado por Stora Enso y Arauco. Para tener una idea acerca del tamaño de este latifundio, basta decir que equivale a cinco departamentos del tamaño de Montevideo.

Qué pasa con nuestros vecinos

Brasil se convirtió el año pasado en el mayor consumidor mundial de agrotóxicos con 733,9 millones de toneladas. De esta forma superó a Estados Unidos que ese año utilizó 646 millones de toneladas.
Con estas escalofriantes cantidades de veneno utilizados en la agricultura, no es de extrañar que rastros de los mismos perduren en frutas, hortalizas, cereales, leche y carne.
De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), más del 15 por ciento de los alimentos consumidos en el país contienen un exceso de residuos de agrotóxicos.
El 64 por ciento de las muestras de morrón (pimiento) analizadas presentaron irregularidades, seguidas por las de frutilla, uva y zanahoria, con 30 por ciento de muestras irregulares cada una.
Todos los alimentos analizados presentaban índices de agrotóxicos por encima del límite permitido o residuos de productos no autorizados. En el caso de los morrones, de los 22 agrotóxicos detectados en su cultivo 18 no son autorizados, irregularidad que también se constató en las 365 muestras de frutillas estudiadas. ¿A esto se le llama alimentación saludable?
La Argentina cuenta con 17 millones de hectáreas sembradas de soja transgénica y consume entre 180 y 220 millones de litros de glifosato por año.
¿Adónde va todo este veneno, y otros que se usan en éste y otros cultivos? ¿Al suelo? ¿Al aire? ¿Al agua? ¿A los alimentos? ¿A los pobladores? ¿A los trabajadores rurales? ¿Qué consecuencias tiene en la salud? ¿Que consecuencias tiene en la salud consumir soja transgénica?
Son demasiadas dudas e incertidumbres, y la lista podría ser aún mucho más larga.


Soberanía alimentaria

Como resultado de la aplicación de los principios agroecológicos se logra transitar hacia la soberanía alimentaria de un país.
Antes de la colonización todas las culturas del mundo eran alimentariamente soberanas, o sea, producían lo que consumían.
Con la colonización las mejores tierras de los países del Sur, las que antes producían alimentos para las poblaciones locales, se convirtieron en plataformas de exportación; se destinaron a producir alimentos para mercados lejanos.

La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a poder definir su propio sistema de producción, distribución y consumo de alimentos. Es el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, a poder producir para sus propios mercados locales y nacionales, a no ser excluidos de esos mercados por la importación de mercaderías provenientes de las empresas transnacionales. Y también es el derecho de los consumidores a tener acceso a alimentos sanos, accesibles, culturalmente apropiados con la gastronomía, la historia culinaria de su país y producidos localmente.

Si un país no es capaz de alimentar a su propia gente, si depende del mercado mundial para la próxima comida, se coloca en una situación profundamente vulnerable frente a la buena voluntad de las superpotencias o las fluctuaciones del mercado. Por eso se utiliza el concepto de “soberanía”.
La soberanía alimentaria y la sustentabilidad están entre las más importantes prioridades, antes que las políticas de comercio.
En este contexto, ¿quién decide lo que comemos? La respuesta es clara: un puñado de transnacionales de la industria agroalimentaria que, con el beneplácito de gobiernos e instituciones internacionales, acaban imponiendo sus intereses privados por encima de las necesidades colectivas. Ante esta situación, nuestra seguridad alimentaria está gravemente amenazada.
“Un pueblo que no logra producir sus propios alimentos es un pueblo esclavo, dependiente… política, económica e ideológicamente".

Un cambio hacia la agroecología

Urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura con base en los principios de la agroecologí­a, sana y sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales.

Está demostrado que los sistemas de producción agroecológicos pueden ser hasta más productivos, resisten mejor las sequí­as y los cambios climáticos y que por su bajo uso de insumos externos son más sustentables económica, ambiental y socialmente.

Ya no es posible sostener el lujo de consumir alimentos cuyos precios estén vinculados al petróleo, ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura convencional-industrial, con grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y transgénicos.

La producción natural ha alimentado al mundo durante miles de años, y sin ayuda del gobierno. Porque, ya está bien claro, la agricultura convencional no es rentable. Está sostenida o subsidiada por fondos públicos. Los agricultores químicos o convencionales no sobrevivirían sin las ayudas gubernamentales (subsidios), si no véase lo que está pasando con la lechería, la ganadería, la horticultura, etc.
Está claro que se necesita un paradigma alternativo de desarrollo agrícola, uno que propicie formas de agricultura ecológica, sustentable y socialmente justa.
Rediseñar el sistema alimentario hacia formas más equitativas y viables para agricultores y consumidores requerirá cambios radicales en las directrices políticas y económicas que determinan qué, cómo, dónde y para quién se produce.
El concepto de soberanía alimentaria debiera transformarse en política agraria clave, ya que constituye la única alternativa viable a un sistema alimentario que depende de importaciones tanto de alimentos como de insumos y tecnología foránea y cara.
La función de la agricultura debe ser alimentar a la población, no la especulación monetaria. Por encima del beneficio empresarial está el derecho de las personas a la alimentación.
El país está hoy ante una encrucijada y tiene que elegir entre dependencia o soberanía alimentaria, entre biodiversidad o transgénicos, entre alimentos sanos y energéticos o contaminados con venenos, entre productores agropecuarios o agronegocios empresariales y entre soberanía territorial o extranjerización de la tierra.
En definitiva, entre una producción ambientalmente sustentable y socialmente equitativa o un modelo agroexportador industrial que ya ha demostrado ser social y ambientalmente destructivo.
Las respuestas a la crisis de alimentos, del clima, de energía y la financiera no serán dadas por la vía del mercado, sino por la construcción de un nuevo paradigma donde el uso racional de los recursos naturales pase a tener la centralidad en el futuro de la civilización.
En ese sentido, la agricultura familiar de base agroecológica tiene las condiciones para dar las respuestas consistentes y sustentables a los dilemas de la civilización. El modelo de agricultura industrial o convencional que hace uso del paquete tecnológico solamente profundizará dicha crisis.
Se ha convertido al mundo entero en una mercancía, y lo que no tiene valor comercial no sirve, no importa y es exterminado. Pero, como dijo el jefe indio Noah Sealth: “El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que haga con la trama se lo hará a sí mismo”.


Bibliografía consultada
Agricultura Agroecológica – Orgánica en el Uruguay. Principales conceptos, situación actual y desafíos. Barg Raquel y Queirós Fernando. Rapal, enero 2007.
Agrotóxicos y transgénicos: las multinacionales marcan el paso. RAPAL Uruguay, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. María Isabel Cárcamo, Julio 2009.
Brasil: O maior consumidor de agrotóxicos agrícolas, Entrevista especial con Maria José Guazzelli Fuente:Instituto Humanistas Unisinos. Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Canelones y el agronegocio sojero. Vecinos Invasores. Virginia Matos, Publicado en Semanario Brecha, noviembre 2008.
Desplazamientos involuntarios por los agronegocios en Uruguay. Patricia P. Gainza y Mariana Viera Cherro. Revista Biodiversidad Nº 61, julio del 2009.
Importación de Productos Fitosanitarios. Departamento de Control de Insumos. MGAP – DGSA. Uruguay.
La apicultura amenazada por la utilización de plaguicidas. Red por una América Latina libre de Transgénicos. Boletín 339. Portal Apícola, 29/09/08
La soja en Uruguay - La creación de un nuevo bloque de poder
Raúl Zibechi, junio 2008.
La supuesta democratización de la soja, Eduardo Rulli. Revista Biodiversidad, N° 61, julio del 2009.
Sojización y concentración de la agricultura uruguaya, Trabajo de Investigación. Pedro Arbeletche, Carolina Carballo, agosto, 2006
URUGUAY - EL “MODELO PROGRESISTA”…UN PAÍS a la VENTA
Ernesto Herrera y Juan Luis Berterretche. Junio del 2009.
Verdades ocultas sobre nuestra comida. Silvia Ribeiro, La Jornada, México, agosto de 2009

Agroecología, Soberanía Alimentaria y Territorial (l). Muchas preguntas y pocas

Ing. Agr Fernando Queirós Armand Ugón

La globalización capitalista amenaza con poner fin a la agricultura familiar, vital para el cuidado del territorio y la alimentación de las comunidades. Ya aniquiló el comercio de proximidad, dañando gravemente las economías locales, deslocalizó la producción de alimentos y promovió una agricultura y una ganadería industriales, intensivas, con base en el uso de agrotóxicos, semillas transgénicas, fertilizantes químicos y productos veterinarios. Este es el modelo de agricultura y de alimentación global actual; las personas y el medio ambiente hemos quedado en un segundo plano.

Nuestro planeta se encuentra inmerso en una profunda transformación, siendo el signo más evidente el Cambio Climático Global. Este proceso se da a partir de la Revolución Industrial que se intensifica en la segunda mitad del siglo XX, unido al modelo de producción expoliador de los bienes comunes naturales, asociado al modelo de consumo insostenible y depredador. Su único objetivo fue y será incrementar las ganancias de las corporaciones y sus socios en todo el mundo.
Estas políticas neoliberales han tenido una dimensión global y generalizaron un modelo de agricultura y de alimentación, tanto en el Sur como en el Norte, al servicio de los intereses del capital. La función primordial de los alimentos -nutrir a las personas- quedó supeditado a los objetivos económicos de unas pocas empresas multinacionales que monopolizan la cadena de producción de los alimentos, desde las semillas hasta la gran superficie, y han sido ellas las más beneficiadas con la situación de crisis.

Agronegocios: impactos de su hegemonía

El modelo de desarrollo agrícola con base en grandes extensiones de monocultivos agrícolas y forestales intensificó la concentración y extranjerización de la tierra, con la consecuente desaparición de los pequeños productores, cercándolos y reduciéndolos a una mínima existencia.
Es un modelo de agricultura sin agricultores, con base en el gran capital transnacional, en la maquinización aún más intensiva que durante la Revolución Verde, el uso masivo de agrotóxicos, de fertilizantes, un modelo que desplaza y contamina al productor y lo deja sin otra alternativa que abandonar su campo.

El desarrollo técnico-científico, disociado de la conciencia ecológica, facilitó el saqueo de los recursos naturales en una escala sin precedentes.
El uso masivo de los agrotóxicos ocurre en todo el país, y esto se debe a los grandes monocultivos tanto forestales como agrícolas (transgénicos y convencionales). Sin embargo, pareciera que esta práctica se ha aceptado como modelo de país, sin hacer una evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales que está significando para el conjunto de la población.

Este flujo alimentario se basa en un modelo rural y productivo de alimentos englobado bajo el rótulo de “monocultivos de exportación”, y es el principal responsable de flagelos como la deforestación, la contaminación de ecosistemas, la destrucción de biodiversidad, pobreza, subnutrición, migración campo-ciudad, destrucción de la agricultura familiar.
Los monocultivos de exportación son selectivos tanto en relación con quien produce esos alimentos, como con quien se queda con el beneficio monetario. Por ejemplo, el crecimiento de la soja ha sido exponencial, pasando de 8 mil hectáreas en 1998 a 700 mil hectáreas en la actualidad, y a medida que el área cultivada aumenta se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.
Cabe destacar que según un trabajo de los docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, Pedro Arbeletche y Carolina Carballo, en los últimos años el 47 por ciento de los productores familiares agrícola-lecheros abandonó la agricultura debido al avance sojero. Durante 2007, 150.000 hectáreas dejaron de producir para la lechería, cambiando el destino para la soja (DIEA, 2008).

En la zafra 2007-2008 seis empresas, la mayoría extranjeras o relacionadas a capital extranjero, plantaron aproximadamente un 25 a 30 por ciento del área agrícola nacional.
El 92 por ciento del área cultivada con soja continua es arrendado o bajo medianería. En estos casos, los empresarios no tienen ningún compromiso de conservar nuestros recursos naturales. Este modelo de producción se desarrolla hasta agotar el recurso suelo, para luego irse a otra tierra.
En relación con la generación de empleo, la lechería y las unidades de producción familiar ocupan 23 personas cada mil hectáreas, en tanto que la soja apenas supera dos empleos para la misma superficie. Esto se explica por la abundante utilización de agrotóxicos y la total mecanización del cultivo. Sólo la forestación crea menos empleo que la soja.
En el caso del maíz, cultivo estival, para la zafra 2009–2010, se estima que se sembrarán alrededor de 100 mil hectáreas de maíz transgénico, lo que representa alrededor del 90 por ciento del área que se plantará con ese cultivo.
Esta situación abre varias interrogantes: ¿qué pasa con los cuidadores de semillas de maíz tradicional? ¿Qué pasa con los productores orgánicos que guardan su propia semilla? ¿Qué sucede con los productores que no siendo orgánicos, reproducen sus variedades de maíz? ¿Y con nuestra salud? ¿Y qué ocurre con el consumo de la toxina Bt que poseen dichos maíces transgénicos?
En el caso del maíz, el Uruguay transita por el mismo camino que ya recorrió con el cultivo de soja: en la actualidad, toda la semilla de soja comercializada y sembrada es transgénica

No hay peor sordo…

Un estudio del Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN, con base en Caen), recientemente publicado en la revista International Journal of Biological Sciences, demuestra la toxicidad de tres semillas genéticamente modificadas de maíz de Monsanto.
“Hemos demostrado por primera vez en el mundo que los transgénicos no son saludables, ni lo suficientemente correctos para ser comercializados (...) Cada vez que se consume cualquiera de los tres maíces transgénicos (MON810, MON863 y NK603), los riñones y el hígado, que son los principales órganos que reaccionan ante una intoxicación química, tienen problemas”, dijo Gilles-Eric Séralini, experto miembro de la Comisión para la Revalorización de la Biotecnología, establecida en 2008 por la Unión Europea (UE).
Tras un período de dos años de moratoria en el que Uruguay puso una pausa no sólo a la autorización general sino al testeo de nuevos organismos genéticamente modificados, ahora se autorizó a realizar ensayos de cinco nuevas variedades de maíz transgénico.
Estas presentan modificaciones que le otorgan resistencia a insectos y a herbicidas. Si se habilitan por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE), estarán disponibles en la campaña agrícola 2011-2012. ¿Podrán las comisiones evaluadoras de estos materiales transgénicos recabar y calibrar información independiente? ¿El camino, es más transgénicos y contaminación para este “Uruguay Natural”? ¿Natural?
Y surgen aún otras preguntas más abarcadoras: ¿qué sociedad queremos? ¿Qué ciencia queremos? ¿Cómo se deben definir las líneas de investigación a desarrollar? ¿Cómo puede aportar la ciencia un cambio hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre?
Desde julio de 2007 a agosto de 2008 los apicultores uruguayos han perdido 81.000 colmenas -16 por ciento del total-, pasando de 514.000 a 433.000. Entre las causas se encuentran: aumento en los costos de producción, aplicación de agrotóxicos, expulsión de los apicultores de los campos, pérdida de las fuentes de alimento para las abejas, factores climáticos. Esta desaparición, significó la pérdida parcial o total de los ingresos de más de mil familias.
Cifras publicadas recientemente por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) muestran que el aumento de las importaciones de herbicidas, insecticidas, funguicidas, hormiguicidas y otros, ha sido de 273 por ciento, considerando el período 2000–2008.

En el año 2000 entraron al país 6.778 toneladas de agrotóxicos y en 2008 ingresaron 18.524 toneladas; todas fueron aplicadas a varios cultivos, liderados por la soja transgénica.
Aparte de combatir plagas, enfermedades y “yuyos”, estas toneladas de venenos quedaron esparcidas en nuestro ecosistema: ríos, cañadas, suelos, humedales, también sobre los trabajadores rurales, las poblaciones aledañas a los cultivos y sobre nuestros alimentos: arroz, trigo, maíz, leche, carne, frutas y verduras... ¡Muy saludable!
En 2007 Uruguay también importó 75.000 kilos de Bromuro de Metilo, manteniendo guarismos similares en los de 2008 y 2009. Este biocida es un esterilizante y desinfectante de suelo, extremadamente tóxico y dañino para los seres vivos en su totalidad, además de estar prohibido en varios países del mundo (Protocolo de Montreal). Es además causante de la destrucción de la capa de ozono.
Uruguay se había comprometido a eliminar totalmente el consumo de Bromuro de Metilo para 2005. ¿Más tóxicos para el ambiente y la salud? ¿Hasta cuándo? ¿Y el Uruguay Natural qué…?
Mucha gente no sabe que la opción metodológica de incrementar la producción a través de variedades de cultivos de alto rendimiento -semillas “mejoradas” o híbridos- conlleva la disminución en el contenido de nutrientes, vitaminas y proteínas de los alimentos producidos.

Se produce más, pero se alimenta menos.